innovación para el desarrollo equitativo
METODOLOGÍA IDEQ
Documentos de Sustento
Documento de Sustento No. 4
Los proyecto productivos de desarrollo local
Para formular recomendaciones sobre el tipo de proyectos productivos que puede resultar más aconsejable impulsar con la Metodología IDEQ para combatir los niveles de pobreza en los países latinoamericanos sería prudente reflexionar sobre las implicaciones que la actividad productiva puede tener en el desarrollo local, el cual debiera constituir, en última instancia, uno de lo propósitos fundamentales de una estrategia de fomento al desarrollo equitativo.
El incremento del circulante monetario
En los países más avanzados y también en los emergentes más dinámicos, las regiones, estados, comunidades autónomas o entidades locales (equivalentes a los estados o Departamentos para el caso de América Latina) que han impulsado con mayor fortaleza el desarrollo local y que han obtenido las mayores ventajas de su relación económica con el exterior, han sido aquellos cuyos gobiernos locales que los han concebido como si estos fueran un país en lo individual. Los administradores de estas localidades exitosas han diseñado e instrumentado su propia estrategia internacional, considerando en su propio registro estatal de balanza comercial y sobre todo de balanza de pagos, su relación particular con los países del exterior, incluyendo la registrada con las demás entidades federativas de su propio país, ya que en términos de repercusión económica el impacto es básicamente similar, pues cuando se adquieren productos que fueron elaborados fuera de la entidad, se contribuye a generar empleo y actividad económica en otras localidades pero no en la propia entidad.
En un análisis particular sustentado en este principio de relación local, podría afirmarse que si después de un plazo razonable, los ingresos provenientes del exterior de una entidad que han sido generados directamente por la nueva actividad productiva (inversión directa, remesas, aportaciones, créditos, ventas exportaciones etc.), no resultan superiores al monto de recursos que dicha unidad productiva hace egresar de la propia entidad, por su operación (recuperación de aportaciones de capital, retiro de utilidades, amortizaciones e intereses de préstamos externos, importaciones de equipos, tecnología e insumos, pago de regalías, etc.), no fácilmente podría justificarse la acción de fomento y por supuesto tampoco el esfuerzo de los actores principales, en términos de contribución al desarrollo económico local.
En efecto, cuando en el ámbito estatal, municipal o comunitario, el saldo en el flujo de recursos derivados de las operaciones económicas con el exterior es negativo en un plazo determinado, se reduce inexorablemente el circulante monetario de la propia localidad y resulta en la práctica imposible frenar el deterioro económico; como también es un hecho que de mantenerse este desequilibrio por un período prolongado, tampoco puede evitarse que los índices de pobreza y de marginación local se incrementen.
Para elegir los bienes a producir por supuesto que sería aconsejable evaluar las posibilidades de utilizar como insumos recursos naturales disponibles en la propia localidad, así como la conveniencia de agregar valor a las actividades agropecuarias y/o forestales que eventualmente constituyen su vocación productiva. El encadenamiento productivo puede incidir desde luego más rápido y con mayor amplitud en el desarrollo local; sin embargo, debe tenerse cuidado de no asignar a la nueva producción de la localidad responsabilidades exageradas, injustas y, a todas luces, injustificadas si afectan la capacidad de competencia, sobre todo si se acepta que el emprendedor que requieren y demandan en todas las latitudes, es aquel capaz de concebir al mundo como su mercado y como su fuente de proveeduría de insumos.
En efecto, conviene siempre analizar con cuidado si en la producción primaria pueden alcanzarse los niveles necesarios de competitividad, pues una falta de competencia estructural en los insumos puede contaminar de principio toda actividad secundaria y anular las perspectivas de rentabilidad y permanencia de un nuevo proyecto de inversión.
Los interesados en participar directamente en ciertas actividades productivas en una determinada localidad, son los que deben determinar la conveniencia de que los bienes producidos por ellos puedan sustituir bienes que provienen de fuera de la propio localidad e incluso de la entidad o bien que puedan comercializarse en mercados que se localicen al exterior de ambos; es decir, la elaboración de productos o la prestación de servicios que en un plazo razonable puedan arrojar un ingreso neto positivo de recursos financieros y, como ya se destacó, un incremento neto del circulante monetario de la localidad y de la entidad.
Lo conveniente es que un nuevo proyecto no surja como resultado de una decisión independiente, sino que forme parte integral de la estrategia en materia de combate a la pobreza, de generación de empleo, de articulación productiva, de competitividad estructural y, por lo tanto, de desarrollo económico local. Si un proyecto proviene de fuera es fundamental que se introduzca como una propuesta que debe ser evaluada y, en su caso, adoptada como propia por quienes tendrán la responsabilidad de ejecutarlo y de operarlo .
Cuál es el tipo de proyectos que debe impulsarse y cuáles los productos que se recomienda elaborar, no son preguntas sencillas de responder. Sería conveniente, en primer término, enfatizar que los proyectos productivos no existen en abstracto; lo que significa que difícilmente un grupo de consultores externos, por capaces y experimentados que sean, podrían formular de manera independiente proyectos de inversión, con el indispensable sustento, para en forma posterior ofrecerlos a supuestos potenciales inversionistas locales.
Ante la realidad social de las poblaciones de bajos ingresos, la pretensión de que especialistas ajenos a la comunidad definan sus proyectos de inversión, puede ser una osadía no sólo pretenciosa, sino que puede llegar a convertirse en un esfuerzo inútil. Se puede identificar, es cierto, una oportunidad y hasta una necesidad de inversión; se puede también describir un perfil con base en experiencias más o menos similares, pero jamás se podrá formular con seriedad un proyecto de inversión sin haber definido antes al sujeto de la acción, al inversionista, al emprendedor de la iniciativa, y a su respectivo y particular entorno. De hecho, las modalidades, el alcance y las características fundamentales de los proyectos de inversión, dependen precisamente, de los intereses, objetivos, aptitudes, deseos, experiencias y posibilidades particulares de quien o quienes pondrán en riesgo su patrimonio, su prestigio, esfuerzo, talento, imaginación y capacidad técnica, para ejecutarlos y operarlos.
Los proyectos de inversión dependen en efecto en su formulación de las relaciones que prevalecen entre los protagonistas principales que administrarán su instrumentación y operación de la iniciativa emprendedora. Si ignorar este principio es riesgoso en proyectos de grandes empresas en que participan inversionistas de elevados recursos, mucho menos debiera olvidarse en los pequeños proyectos productivos de la población de menores ingresos en que el patrimonio que aportan los participantes no lo constituyen casi nunca propiedades inmobiliarias o bienes muebles o valores tradicionales; sino que habitualmente se pone en riesgo un capital social sin duda más importante, como el prestigio personal y la aceptación comunitaria o incluso los sueños y aspiraciones personales, familiares, y en algunos casos comunitarios.
Sin embargo, si se pregunta a las personas de menores ingresos cuáles son las actividades productivo-empresariales que desearían operar, y se les demanda una respuesta inmediata, no es improbable que propongan las que, aún con deficiencias de respaldo, han funcionado siempre en la localidad y que evidentemente no les han permitido superar sus condiciones de pobreza, es decir aquellas que no han impulsado el desarrollo comunitario, familiar o personal.
La elección de proyectos en localidades muy pobres afronta, por otra parte, ciertas condicionantes de principio, derivadas de los procesos de emigración, por lo que es muy probable que los eventuales participantes sean adultos mayores (que en consecuencia afronten ciertas dificultades para el trabajo intensivo y la producción en serie), o bien jóvenes (generalmente inexpertos y con necesidad de continuar estudiando) y sobre todo mujeres, que si bien tienen ventajas competitivas importantes, afrontan oportunidades y condiciones inequitativas y dificultades estructurales que limitan su participación y que se derivan de su propia condición de género.
Las mujeres, por ejemplo, suelen tener disponibilidades de tiempo laboral irregulares y discontinuas, ya que por lo general deben combinar su actividad de trabajo con sus tareas domésticas y en especial con la atención de los hijos. No tomar en consideración limitaciones o condicionantes como éstas, puede ser la fórmula más eficaz para hacer fracasar los proyectos de inversión.
No basta el financiamiento
Encontrar soluciones al financiamiento de los proyectos de inversión, ya sea a través de aportaciones de riesgo, donaciones o crédito, de ninguna manera resulta suficiente para concretarlos con eficiencia y desde luego tampoco para garantizar una contribución efectiva al desarrollo local. Aún más, en el caso de las más pequeñas unidades productivas, el financiamiento aislado puede resultar en ocasiones no sólo insuficiente sino hasta contraproducente.
Otorgar por ejemplo créditos a quien produce o va a producir lo que no debiera o que vende o venderá donde tampoco debiera o que supone que gana cuando en realidad pierde, puede ser otra manera eficaz de aniquilar su actividad productiva y sus propósitos de obtener mayor bienestar familiar con su esfuerzo emprendedor.
Se requiere de otras acciones simultáneas de apoyo para que grupos vulnerables obtengan beneficios perdurables y autosustentables como resultado de su actividad productiva-empresarial. Es conveniente reconocer en todo momento que la disponibilidad de recursos financieros no es suficiente para que un proyecto de inversión productiva en las localidades pobres tenga éxito.
Es aconsejable reconocer que las experiencias nacional e internacional han demostrado también que cuando el respaldo se limita al microcrédito, y tan sólo se hace líquida la capacidad de gasto individual o de un grupo comunitario, se corre el serio riesgo de que recursos, que antes se destinaban a la adquisición de bienes y servicios generados en el propio municipio o comunidad, se desvíen al recibirse el crédito hacia la adquisición de bienes producidos fuera de la localidad, reduciendo con ello también el circulante monetario y acentuando consecuente e inevitablemente los índices de pobreza.
Es por ello, que la eficacia de la acción de fomento no debiera medirse a través de simples indicadores cuantitativos sobre los créditos otorgados o bien recuperados, o mediante el número de asistentes a talleres de capacitación o sesiones de asesoría técnica, alternativas que difícilmente permiten apreciar la eficacia y eficiencia de un programa de fomento; sobre todo en el caso de responsabilidades compartidas a través de compromisos solidarios, donde los que sí cumplen afectan sus propios proyectos para cubrir y compensar, además de ocultar, a los que no cumplen o no tienen éxito en la instrumentación de sus iniciativas.
Debiera buscarse evaluar con toda transparencia no sólo la sustentabilidad financiera del respaldo, sino también y de manera especial, la repercusión que tiene la acción de fomento en los nuevos ingresos que podrán obtener los protagonistas, objetos del respaldo, por su esfuerzo productivo.
La alternativa de la industria maquiladora
La alternativa de producción que se presenta con especial frecuencia y cierto simplismo es la de la industria maquiladora, que no obstante los resultados de los últimos 20 años, al iniciarse un período gubernamental vuelve a presentarse como una panacea para dinamizar la actividad económica nacional. La alternativa de empresas maquiladoras, sin embargo, no parece ser la opción más aconsejable para impulsar el desarrollo económico y social de las comunidades pobres, en virtud de los inconvenientes particulares que se comentan a continuación:
1.- Las maquiladoras, por razones de competencia, sustentan por lo general su operación y permanencia en el pago de salarios relativamente bajos y de prestaciones laborales mínimas. Es cierto que el importe de un salario mínimo puede ser atractivo en localidades muy pobres y marginadas, pero también lo es que la perspectiva de avanzar en un mejoramiento continuo sería muy limitada o casi inexistente. La acción de fomento institucional podría afrontar, por otra parte, un conflicto de intereses serio ante dos alternativas excluyentes: el pago de mejores salarios y prestaciones, por una parte, y la competitividad de la oferta de bienes de producción masiva que se dirigen a mercados particularmente sensibles a los niveles de precio, por la otra.
2.- Además, la instalación y operación de las maquiladoras requieren de cierto respaldo básico de infraestructura, del que por lo general no se dispone en las zonas urbanas en que se localizan las comunidades más pobres, y la incorporación de su eventual disponibilidad a los costos del proyecto, además de seguramente hacer incosteable la iniciativa e irrecuperable la inversión, puede resultar contraproducente y poco justificada si gravita sobre la inversión pública.
3.- La operación de las maquiladoras se basa, por lo general, en economía de escala, producción en serie y una elevada productividad, modalidades que exigen a su vez de una rigidez en los horarios (la que difícilmente pueden cumplir los integrantes de las comunidades pobres, ya que por lo general los hombres que aún permanecen el ámbito familiar continúan vinculados a las tareas del campo y comerciales, y las mujeres deben hacerse cargo de las labores del hogar y el cuidado de los niños, y de una disciplina operacional basada en un esquema riguroso de incentivos y sobre todo de sanciones. Las maquiladoras tienden a contratar, para alcanzar los índices de productividad requeridos, a jóvenes mujeres solteras, para quienes la aceptación del trabajo conllevaría de manera implícita la cancelación de las expectativas de continuar con sus estudios. El matrimonio y la maternidad, por su parte, tienden a incidir de manera sensible en la rotación del personal y en consecuencia en la disminución de los índices de productividad.
La alternativa de las empresas medianas y grandes
El establecimiento de empresas industriales medianas parece también poco aconsejable, pues no sólo plantea el requerimiento de infraestructura adecuada, sino que, en el contexto actual de globalización económica, su competitividad se sustenta de manera creciente en la disponibilidad de capital intensivo, tecnología de vanguardia, experiencia y productividad laboral y de una capacidad de gestión administrativa cada vez más sofisticada, factores todos ellos que no son precisamente los abundantes ni los fáciles de generar en las localidades más pobres.
En realidad, si no proliferaron las empresas medianas en estas localidades ha sido seguramente porque las características del entorno no eran las más favorables y es muy probable que continúen no siéndolo.
¿Cuáles son las causas de estos desequilibrios regionales? Esto podría ser objeto de un estudio especial y probablemente mucho tendrá que ver con las políticas públicas, pero en última instancia identificar responsabilidades, si bien es importante, no permitirá que esta situación desfavorable cambie en el muy corto plazo.
La alternativa de empresas grandes quedaría aún más descartada, si se considera que además de afrontar dificultades y desafíos similares a las medianas, pero en dimensiones de mayor envergadura y gravedad, constituyen, como en prácticamente todos los países del mundo, el vehículo menos eficaz y económico para generar de manera racional empleo productivo, tanto al relacionar el empleo permanente generado con el capital invertido, como al vincularlo con el costo de la infraestructura de apoyo o el correspondiente esfuerzo de fomento.
Parece evidente, por otra parte, que la posibilidad de atender la demanda de empleo a través de las grandes empresas, continuará disminuyendo cada vez con mayor significación y celeridad, en virtud, sobre todo, de las innovaciones tecnológicas que tradicionalmente surgen y sin duda seguirán surgiendo, en los países industrializados y que tienden a reducir de manera drástica los requerimientos de mano de obra.
La alternativas de las micro y pequeñas empresas
Son muchos los argumentos que se han esgrimido durante los últimos 50 años, en diversos foros y países, para sustentar una política agresiva de fomento a las micro y pequeñas empresas. Sin embargo, tales razonamientos parecen haber sido insuficientes o poco efectivos en el caso de los países de América Latina, donde los gobiernos han dirigido habitualmente sus principales esfuerzos promocionales y subsidios hacia la atracción de las grandes inversiones y la instalación de empresas maquiladoras, dejando, en algunos casos, al fomento de las micro y pequeñas empresas como alternativa diferible de último recurso o como argumento retórico del discurso político.
A lo más, en el ámbito estatal (departamental) se han constituido fondos de apoyo crediticio para los grupos marginados y las más pequeñas unidades productivas de la entidad, pero casi siempre con un enfoque asistencialista y un criterio de índole social, y en ocasiones incluso de carácter político, más que como una estrategia de impulso al desarrollo emprendedor, la modernización productiva o la competitividad regional.
Es patente, sin embargo, que la acción de fomento de algunos gobiernos locales ha ya comenzado a modificar la jerarquía de las prioridades y tiende a dirigirse cada vez más hacia el impulso de las micro y pequeñas empresas, en virtud muy probablemente de algunos de los argumentos que se comentaron hace más de 20 años y que siguen desatendidos en América Latina.
Efectivamente la relevancia de las micro y pequeñas empresas como alternativa viable para resolver el problema del empleo productivo, no es una conclusión reciente en el mundo. Casi podría afirmarse que sólo en América Latina las autoridades y la clase empresarial se han resistido a aceptar esta realidad. Para destacar la indiferencia latinoamericana, vale la pena revisar algunos datos y declaraciones, no recientes, sino de hace más de 20 años sobre la relevancia de las pequeñas unidades productivas
Ya en 1993 Thil Phillips, del U.S. Small Business Administration destacó,[1] “Las pequeñas empresas que representan el 99.6% de las empresas en Estados Unidos, emplean a seis de cada diez personas y aportan 40% de los empleos altamente calificados creados en el último decenio. Existen cerca de 20 millones de pequeñas empresas: 15 millones sólo tienen propietarios y ningún empleado; 2.9 millones tienen de 1 a 4 empleados; 1.8 millones, de 5 a 9, y 63,000 de 100 a 500 empleados.
Margaret Berguer, Directora del Microcrédito del Banco Interamericano de Desarrollo hace más de 20 años afirmaba que “Cerca del 80% de las empresas en Latinoamérica y el Caribe tienen 10 empleados o menos (que es la definición de microempresa del BID). Si bien existen pocos datos confiables y las condiciones varían mucho de acuerdo a los países, los estudios muestran que las microempresas emplean un porcentaje significativo de la fuerza laboral: de un tercio en la Argentina a casi el 80% en el Perú, y que según la OIT, a mediados de los noventas la microempresa representaba aproximadamente la mitad del empleo de la región. En total, existen más de 50 millones de microempresas, que generan empleo para más de 120 millones de personas. Su porcentaje en el producto nacional varía de menos del 10% hasta casi el 50%, dependiendo del país”.[2]
De acuerdo con Mailtren Casanova.- Presidente del Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad, en la España de los 90’s únicamente el 1 % de las empresas tenía más de 50 trabajadores. El 95 % de las unidades productivas eran microempresas, que generaban el 70 % del empleo nacional, el 64 % de las ventas totales y efectuaban el 44 % del comercio exterior.[3]
El Compendio de Estadísticas Nacionales sobre Mujeres Propietarias de Empresa en los Estados Unidos, en su publicación de 1994, destacaba ya que en 1992 las empresas de mujeres crearon 300,000 nuevos puestos de empleo, en tanto que las 500 corporaciones que registra la revista ”Fortune”, habían despedido, en ese mismo año, la misma cantidad de trabajadores.[4]
El U.S. Small Business Administration destacaba que ya el Censo de 1989-91 señalaba que las empresas de entre 1 y 4 trabajadores habían creado el 95 % de todos los empleos netos generados en el país, en tanto que el 5 % había sido responsabilidad de las empresas con más de 500 trabajadores y que todas las demás registraron pérdida neta de puestos de trabajo.[5]
En Francia, refiere la Declaración y Plan de Acción de la Cumbre de Microcrédito en 1995, el 92 % de las 2.3 millones de empresas en operación tienen menos de 10 trabajadores y 50 % de ellas disponen de un solo operador.
Andrea Saba, prestigiado experto italiano señalaba en 1993 que “El 75% de la producción Industrial Italiana estaba a cargo de unidades de pequeño o pequeñísimo tamaño. La flexibilidad, o sea, el nivel de adaptación del sistema de las microempresas a las variaciones del mercado, es una de las condiciones de éxito”.[6]
Si esta fue la situación en aquellos años, la realidad actual es sin duda más contundente, pues las tendencias se han continuado e incluso acentuado en el mismo sentido. Es prudente, por lo tanto, reconocer que las muy pequeñas unidades productivas se han venido confirmado como la verdadera base sólida de las estructuras productivas en la mayoría de los países y regiones. En términos de generación neta de puestos de trabajo, es decir el número de los nuevos empleos, menos aquellos que han desaparecido en el mismo período, puede confirmarse que actualmente tanto en los países en desarrollo como en los más avanzados, casi los únicos estratos empresariales que, en su conjunto, registran una aportación neta positiva en materia de generación de empleo, son aquellos con menos de 30 trabajadores.
En la mayoría, si no es que en la totalidad, de los países de América Latina el recurso abundante es la mano de obra, en tanto que la escasez del capital es manifiesta y, como ya se destacó, es un hecho absolutamente comprobado que el monto de inversión necesario para crear un empleo productivo se va reduciendo de manera considerable en la medida en que se trata de una empresa de menores dimensiones. En términos generales, puede afirmarse que con el importe de inversión con que se crea un empleo en las empresas grandes (con más de 500 trabajadores), se pueden generar al menos 100 empleos en la microempresa (con menos de 15 trabajadores).
Ante esta realidad y perspectiva inevitables, el impulso a las muy pequeñas unidades productivas se consolida en todos los países, independientemente de su grado de desarrollo, como la mejor, sino es que la única, estrategia de generación de empleo permanente y trabajo decente. El desarrollo y la operación de las muy pequeñas unidades productivas requiere además de un sustento de infraestructura bastante modesto en términos relativos, situación que adquiere también una relevancia de orden estratégico ante la perspectiva más que probable de restricciones de orden presupuestal que confrontan y continuarán afrontando los países de América Latina, al menos durante los próximos diez años.
Todo apunta a que los proyectos productivos que sería aconsejable impulsar en la región latinoamericana, son los que habrán de dar como resultado el establecimiento de muy pequeñas unidades productivas. Conviene, sin embargo, que todos los que en este tipo de iniciativas participen estén seriamente convencidos que es precisamente el estrato más conveniente, desde todos los puntos de vista. En el sentido de tal dirección, apuntan las reflexiones que a continuación se resaltan y que van dirigidas no sólo a quienes tienen interés en ejecutar proyectos productivos, sino también, y de manera especial, a las autoridades responsables de las políticas públicas de fomento, en sus diversas instancias de gobierno.
a) El desequilibrio y la concentración del ingreso en América Latina continúan acentuándose de manera peligrosa, lo que convierte al fomento de las muy pequeñas unidades productivas en una acción instrumental cada vez más relevante de una política federal, estatal y municipal de combate a la pobreza y marginación, y sobre todo, de redistribución de oportunidades.
b) En América Latina, se tiene aún la impresión general de que la evolución natural y, por lo tanto, el supuesto objetivo de las microempresas es el de convertirse en pequeñas, de igual manera que el de las pequeñas es, a su vez, el de transformarse en medianas y la aspiración de las medianas es la de incorporarse al “selecto y exclusivo” club de las empresas grandes. En realidad, la tendencia en las economías más avanzadas es precisamente la inversa: las grandes empresas se están convirtiendo en medianas, las medianas en pequeñas y las pequeñas en micros, presionadas por muy diversos factores, pero sobre todo por la evolución cada vez más acelerada del cambio en los modelos de producción que exige de las empresas flexibilidad y dinamismo para incorporar oportunamente al proceso vertiginoso de innovación tecnológica.
c) Es muy probable que en diversos países de América Latina, las posibilidades de para influir en el incremento de la actividad exportadora local sean considerablemente superiores en el caso de las muy pequeñas unidades productivas a las que se registran en los casos de las medianas y grandes empresas, sobre todo si se toman en consideración los correspondientes factores en que tales estratos sustentan su respectiva capacidad de competencia internacional. Para participar con éxito en el comercio mundial, las grandes empresas requieren de inversiones cuantiosas, tecnología de vanguardia, administración científica y de una capacidad técnica y financiera suficientemente sólida como para establecerse en los mercados de exportación y construir una amplia red de distribución internacional.
Es saludable reconocer, sin embargo, que, en función de sus ventajas competitivas, las pequeñas unidades productivas en la región latinoamericana, casi se caracterizan lamentablemente por producir lo que no debieran y, casi siempre también, por vender sus productos y comprar sus insumos donde tampoco debieran. Las muy pequeñas unidades productivas que se promuevan en América Latina no debieran adolecer de tales deficiencias.
Es cierto también que en la región los emprendedores que administran las muy pequeñas unidades productivas del país, tienden a imitar a los empresarios de otros estratos y optan por producir los mismos bienes que elaboran las máquinas y/o que surgen como resultado de la producción en serie y de la economía de gran escala, cancelando de manera automática sus ventajas competitivas y, en consecuencia, sus expectativas de desarrollo. No hay subsidio ni respaldo capaz de salvar a una muy pequeña unidad productiva que incursiona en el ámbito de especialidad de las grandes empresas. Lo que debe hacer la muy pequeña unidad productiva es precisamente lo que no pueden o no deben hacer las empresas medianas y grandes, en función justo de las muy particulares ventajas competitivas a que se ha hecho referencia.
Esta apreciación contrasta de manera significativa con lo que sucede en todos los países industrializados, donde esta relación se da precisamente a la inversa, ya que son las más grandes empresas las que con sus combinaciones de economía de escala y de producción en serie, proveen los satisfactores de bajo costo que demanda la población mayoritaria de bajos ingresos; en que las medianas empresas atienden a los estratos de ingresos medios bajos, las pequeñas a los de ingresos altos y son justo las muy pequeñas unidades productivas las que producen para la población de más altos ingresos.
Se reconoce ya en casi todos los países, que es en el desarrollo de las muy pequeñas unidades productivas donde puede lograrse la contribución más efectiva al combate de la pobreza y a la redistribución de oportunidades; es conveniente, sin embargo, conjugar el sentido social y el enfoque económico-empresarial, demostrando que de ninguna manera tienen por que ser necesariamente contradictorios y excluyentes. En las localidades más pobres de América Latina, como en todos los ámbitos desatendidos, la mayor repercusión social de un nuevo empleo se da en el momento en que adquiere su carácter de permanente y de auto-sostenible.
En estas consideraciones puede sustentarse la recomendación de que los proyectos productivos que debieran promoverse, son aquellos que puedan concretarse en pequeñas unidades productivas orientadas a satisfacer con particular eficiencia los requerimientos de mercados sofisticados y exigentes, en su país y en el exterior, aquellos que saben valorar el trabajo individual y el esfuerzo creativo.
Sin duda carece de sustento técnico la afirmación, lamentablemente frecuente, de que las muy pequeñas unidades productivas no pueden alcanzar niveles de competitividad internacional y que, por lo tanto, no debieran incorporar la exportación entre sus objetivos comerciales. La experiencia internacional demuestra todo lo contrario. Cuando las muy pequeñas unidades empresariales producen de manera eficiente lo que sus ventajas competitivas aconsejan y se dirigen a los nichos de mercado idóneos, tienen mayor capacidad de internacionalización que muchas de las empresas pequeñas y medianas, e incluso que algunas grandes.
El Complejo Productivo Binacional que impulsa la Metodología IDEQ sustenta, por estas razones, la estructura organizacional en los pequeños talleres productivos, con un número reducido de integrantes, que participan en un gran esfuerzo colectivo de colaboración y acción conjunta para el desarrollo local.
[1] “LAS PEQUEÑAS EMPRESAS DE ESTADOS UNIDOS”.- G. Thil Phillips.- Administrador Regional de la United States Small Business Administration.- “Propuestas de Acción para Impulsar el Desarrollo Competitivo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Capitulo VIII. NAFIN.-1994
[2] MARGARET BERGER, Jefa de la Unidad de Microempresa del Banco Interamericano de Desarrollo, y BERNARDO
GUILLAMÓN, especialista en microempresa del Departamento Operacional Regional III del BID del Uruguay “Desarrollo de la Microempresa en Latinoamérica: “Enfoque del Banco Interamericano de Desarrollo”.-Desarrollo de la Pequeña Empresa”, Volumen 7, Número 3,
[3] MAILTREN CASANOVA.- Presidente del Instituto Europeo para la Gestión de la Diversidad “La Microempresa En España”.-
[4] NFWBO’S COMPENDIUM OF NATIONAL STATISTICS ON WOMEN-Owned Businesses in the U.S., published and widely publicized by the Foundation, the National Women’s Business Council, the Interagency Committee and OWBO
[5] SMES: EMPLOYMENT, INNOVATION AND GROWTH.- The Washington Workshop.- 1996.- OECD
[6] ANDREA SABA, Ex-director General del Instituto para el Desarrollo del Mezzogiorno” de Italia “El Sistema de las Pequeñas Empresas En Italia .-,: Características y Políticas de Apoyo.-Propuestas de Acción para Impulsar el Desarrollo
Competitivo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, Capitulo Viii. NAFIN.
